4 grandes retos por superar. Un balance del Plan Nacional de Desarrollo de Enrique Peña Nieto.

Se inaugura el primer mes del quinto año de gestión de Enrique Peña Nieto (EPN) al mando del poder Ejecutivo. La larga noche que se vive en México ha estado plagada de una serie de desafíos, inconformidades, injusticias, protestas y mucho dolor que, sin duda,  devino en escepticismo por parte de los habitantes hacia la política institucional. El movimiento en el tablero con el que se inicia 2017 reincide, nuevamente, en el paradigma de jugadas que parecen o inexplicables o ineludibles. Se trata del incremento en el precio de la gasolina.

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 “…y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.”

La decadente y turbulenta gestión de EPN se ha caracterizado, al igual que la de bastantes de sus colegas al interior de la clase política, por tener una amplia gama de promesas que se transformaron en ineficiencias, contradicciones e injusticias. En este breve texto se dará un repaso y balance sobre algunos de los principales ejes bajo los cuales desarrolló el actual ejecutivo su Plan Nacional de Desarrollo. Difícil sería dejar de lado el discurso que se sostiene, cambio tras cambio, en la silla presidencial: “Somos una nación que está preparada para superar grandes retos”. El problema radica en que la expectativa para enfrentarlos está configurada como soluciones eficientes que terminan por ser una debacle.

  1. Fortaleza institucional para un México en Paz.

    Uno de los planteamientos generales de este rubro es la creación de instituciones que destaquen por ser democráticas e incluyentes. Entre sus objetivos estuvo asegurar el bienestar de cada ciudadano en el ámbito de sus derechos, con énfasis en materia de seguridad. Con el precedente de la Guerra contra el narcotráfico del sexenio anterior (2006-2012), la seguridad social se perfilaba como una de las grandes barreras por combatir. Cierta parte de la ciudadanía confiaba en que la toma del mando en manos del PRI (además, resguardado en un candidato que ya contaba con trayectoria política como gobernador del Estado de México) aseguraría una reducción considerable de feminicidios, ejecuciones y desapariciones en zonas de mayor incidencia como el Estado de México, Michoacán y Guerrero.

Sin embargo, hasta inicios de 2016, el promedio de asesinatos al día rondaba las 60 unidades y comenzaron a despuntar otras zonas de conflicto como Jalisco, Chihuahua y Veracruz. A la par, cabe mencionar numerosos casos de graves violaciones a los derechos humanos ―con nombre, apellido y habitual ficha de espera―, como lo fueron (son) Tlatlaya y Ayotzinapa en 2014, Apatzingán en 2015 y el inocultable número de feminicidios en más de la mitad del territorio nacional.

© César Martínez López

El Plan Nacional de Desarrollo enuncia, en este apartado, que “la falta de seguridad genera un alto costo social y humano que atenta contra la tranquilidad de los ciudadanos”. Cabe añadir el impacto que ello tiene en el desarrollo de nuestras vidas. Continúa el documento focalizando que la seguridad y estabilidad social tienen un objetivo común, mucho más importante que la impartición de justicia y el derecho de las y los ciudadanos a vivir en paz: el potencial desarrollo nacional, la inversión a largo plazo en el país y la eficiencia operativa de las empresas.

  1. Desarrollo social para un México incluyente.

La propuesta se fundamentó, básicamente, en tres ejes. El primero, reducir los índices de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional, mediante tácticas de subsidio alimenticio, de acceso a la educación y a la salud. El segundo, la democratización de la productividad, la cual tiene por objetivo incrementar el porcentaje de trabajos formales ―otra ingeniosa manera de llamar a la adhesión del comercio informal al campo de lo formal “mejor remunerado” (y los impuestos, claramente)―. El tercero, fomentar la participación de todos los sectores que conforman la ciudadanía.

Sobre este último, vale la pena desglosar con mayor detalle. Diversas manifestaciones de participación ciudadana y varias acciones comunitarias que suenen, por muy quedo, a autonomía, tienden a la represión o al sabotaje por parte de las autoridades. Cabe hacer presente la aprobación de la conocida Ley mordaza en ciertos estados del país o la creciente criminalización y arremetida de violencia en contra de periodistas. Rememórese, también, la recurrente “anulación” de votaciones de urnas en el municipio de Cherán K’ire, Mich., donde las y los habitantes purépechas llevan una trayectoria de elección comunal autónoma, desde hace varios años. Este es uno de los ejemplos paradigmáticos de resistencia popular, en la defensa del territorio y de los recursos naturales. Otro ejemplo más de manifestación social lo fue la reactivación del movimiento magisterial, liderado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el cual tenía entre sus demandas principales revocar la Reforma Educativa.

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El evento más reciente es la ola de marchas y actividades colectivas que denotan la inconformidad respecto al tema del gasolinazo. La explicación presidencial, más allá de los recurrentes motes retóricos, no es del todo incongruente. El acuerdo de licitaciones y contratos para la (mayoritaria) importación de combustibles es una realidad desde la aprobación de la Reforma Energética. Lo que, sin duda, llama la atención es la lista de ámbitos en que incidiría, y supondría una grave pérdida de recursos, la posibilidad de mantener estabilidad en el precio de las gasolinas. Se trata de paralizar la salud, interrumpir la alimentación, suspender la seguridad y quitar recursos “a los que menos tienen” ―no dejemos de señalar la elección de los verbos, los cuales sugieren una obstrucción abrupta o entorpecimiento―, lo cual, de manera lógica, resultaría indeseable para cualquier ciudadana o ciudadano.

La cara de la moneda que pretende desdibujarse es el despilfarro y exacerbado desvío de recursos en el que han incurrido el mismo Enrique Peña Nieto y el resto de su gabinete. Recuérdese la Casa Blanca, la costosa vestimenta adquirida por Angélica Rivera, el robo millonario de Javier Duarte en Veracruz o Gabino Cué en Oaxaca, además de los miles de pesos que se invierten en sueldos destinados a funcionarios de “altos cargos”. La lista de contradicciones en este rubro es interminable, y ahora, más que nunca, vale la pena ponerse a pensar en un México incluyente, que no se construya desde la habitual política institucional (la gran diferencia entre construir-para y construirnos).

  1. Capital humano para un México con educación de calidad

El panorama de la educación en México es uno de los más discutidos a lo largo del sexenio. Desde la propuesta y posterior aprobación de la Reforma Educativa, parte del programa del Pacto por México, han surgido protestas en contra de los mecanismos que implican dichas modificaciones. Entre ellas, están la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Si bien es innegable la necesidad de optimizar las condiciones de plantas docentes en pro de la calidad educativa, el enfoque de “capital humano” que se reitera no resulta ser del todo satisfactorio para la población en general (¡para la Humanidad!).

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Uno de los puntos más polémicos es la traducción de una dinámica que se arrastra desde sexenios anteriores que consiste, en pocas palabras, en ajustar los gastos (plazas de docentes y, por tanto, salarios; infraestructura, inversión en programas y proyectos) para asegurar un excedente (destinado a las relucientes cuentas privadas en los paraísos fiscales). El resultado de este proceso es enunciado como un concurso que pretende legitimar las plazas obtenidas por las y los profesores mejor preparados y que más se esfuercen. El campo de la educación es uno de los más complejos por estas y muchas razones más. Pero, ciertamente, existe todo un crisol de propuestas educativas al interior del país, como la Escuelita Zapatista en Chiapas o la Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur) en Guerrero. Los programas de la SEP no gobiernan LA educación.

  1. Igualdad de oportunidades para un México próspero

El objetivo principal fue fomentar y potenciar las actividades industriales, además de propiciar la inversión privada en territorio nacional. La propuesta fue clara, medio oculta bajo una máscara de “calidad”, “precios competitivos” y “proyectos productivos”. Sin duda, no sería difícil asegurar que en este rubro es en el que el paquete de reformas ha incidido en mayor medida. La productividad es el eje que atraviesa a la mayoría de ellas. Discursivamente, parece convincente la importancia de potenciar la producción para, progresivamente, incluir al país como “potencia económica”. La realidad es que una de las consecuencias de todo ello ha sido el drástico incremento de los precios; por ejemplo, en la canasta básica y el transporte público (alza en el boleto del STC Metro, en 2014).

Algunas consecuencias de la Reforma Fiscal se dejaron ver en la homologación del Impuesto al Valor Agregado al 16%, lo cual se tradujo en pérdidas para varios sectores de pequeños comerciantes; también, el surgimiento del Impuesto Especial a Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas (la tapicería de la mercancía de Coca-Cola en dondequieraqueestés es gratis), sin mencionar el efecto montaña rusa que ha tenido el peso mexicano y el precio de barril de petróleo. Por su parte, la Reforma Energética también ofrece lienzo para cortar, uno de los paradigmáticos es el recurrente incremento en las tarifas en el consumo de energía eléctrica.

El México Próspero prometido por el plan presidencial de Enrique Peña Nieto, seguramente, figura en una prosperidad en la que la clase política se beneficia de los recursos del país y la ciudadanía, cual crío en su seguro nido, sin olvidar que el ramaje pende de un hilo y se encuentra en medio de un torbellino imparable. La dependencia económica es uno de los obstáculos que dificulta la posición del país a escala mundial, no se trata únicamente de un “¿qué hubieran hecho ustedes?”.

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Quedan muchas cosas por resolver y, seguramente, el presidente Enrique Peña Nieto no se abstendrá de ofrecer disculpas públicas, amplias explicaciones y otros discursos más para dejar las cosas “en claro”. No sería casual que el tejido de estrategias para intentar recuperar lo que queda de salvable en el PRI se esté cocinando, a fuego lento, desde ahora. Por ejemplo, mediante tácticas de arrepentimiento público y la ya acostumbrada condescendencia. Muchas incógnitas, poco tiempo. Habrá que estar atentas a las nuevas propuestas políticas.

Alma GónzalezAutora: Alma Jessica González. Estudiante de Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México.

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